Se buscaba incentivar la implementación de actividades productivas sostenibles que no solo mejoraran las condiciones de vida de las familias, sino que también generaran empleo en las zonas rurales. Esto incluía la capacitación en técnicas agrícolas sostenibles, así como el acceso a mercados para sus productos.
Un componente esencial del proyecto era la promoción de prácticas agrícolas que no solo fueran económicamente viables, sino que también respetaran y preservaran los ecosistemas locales. Esto implicaba erradicar cultivos ilícitos y restaurar áreas degradadas, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.
El proyecto enfatizaba la importancia de la participación activa de las comunidades en el diseño y ejecución de las soluciones. Se fomentó la construcción colectiva, asegurando que las voces y necesidades de los beneficiarios fueran escuchadas, generando así un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia el desarrollo de sus territorios.
Se llevó a cabo un análisis técnico exhaustivo utilizando bases de datos del Ministerio de Agricultura, IGAC y Parques Naturales. Se realizaron foros de socialización en niveles departamental, municipal y veredal, para identificar áreas con cultivos ilícitos, conocidas como "Coca Free Zones".
Para acceder al programa, las familias debían realizar una erradicación previa total y no resiembra de cultivos ilícitos, verificada por un validador externo. Además, debían asistir a talleres de capacitación que ofrecían acompañamiento social y técnico.
El programa no ofrecía subsidios, sino incentivos económicos condicionados al cumplimiento de los requisitos. Estos incentivos eran iguales para todas las familias y se financiaban con el presupuesto nacional y cooperación internacional. Las familias recibían transferencia bancaria cada dos meses y participaban en proyectos productivos alineados con la zona de reserva y conservación.
En lugar de enfoques individuales, el programa fomentaba la construcción colectiva, con un fuerte énfasis en el control social y la participación activa de las comunidades. Se promovió el ahorro y el manejo responsable de los recursos, con un enfoque en que las mujeres recibieran los recursos directamente.
No solo logró una reducción significativa de los cultivos ilícitos, sino que también estableció un modelo de desarrollo sostenible que empoderó a las comunidades afectadas. Al integrar la erradicación con el desarrollo económico y la participación comunitaria, el proyecto contribuyó a crear un entorno más seguro y próspero, ofreciendo un camino hacia la legalidad y el bienestar en las zonas rurales de Colombia. Su legado radica en la transformación de vidas y la creación de un futuro más esperanzador para quienes han sido históricamente vulnerables.